La llegada de un nuevo Gobierno y el recrudecimiento de la crisis -la demanda eléctrica está cayendo- encrespan un debate energético que debemos abordar objetivamente, con serenidad y perspectiva. No es fácil en el caso fotovoltaico, pero es necesario para apreciar el valor real de la tecnología, sin tópicos y sin considerar que la situación es la misma que hace tres años.
La evolución de la fotovoltaica ha sido asombrosa desde el insostenible boom de 2008: las tarifas han bajado más de un 70%, siguen bajando un mínimo del 10% anual, y se alcanzará la plena competitividad, sin necesidad de ayudas, a mediados de la presente década en todo el país. Es más, ya sería competitiva en las regiones más soleadas, como las Islas Canarias, si estuviera regulado el autoconsumo y nos fuese viable generarnos nuestra propia electricidad con unos paneles solares.
La eólica -cuyo éxito es indiscutible- alcanzará ese punto de competitividad sin ayudas más tarde, después de 2020, y, sin embargo, es frecuente escuchar que la eólica es una tecnología madura, mientras que la fotovoltaica no lo es. Esta supuesta inmadurez, junto con la responsabilidad en la generación del déficit de tarifa, son los argumentos que basan la petición de las empresas eléctricas de aplicar una moratoria solar en España.
Cuando la fotovoltaica irrumpió en 2008 en el mix eléctrico, instalando 2.700 MW, causó un súbito incremento del 10% de los costes del sistema; ello, obviamente, conllevó un incremento proporcional del recibo de la luz. Sin embargo, desde ese año, con la fotovoltaica prácticamente paralizada, la tarifa eléctrica se ha incrementado más de un 30% y, como se recuerda frecuentemente, debe subir mucho más para absorber el déficit de tarifa. La fotovoltaica tiene su parte de responsabilidad en la subida de la luz y en el déficit, pero no es, ni por asomo, la máxima responsable.
Por otro lado, la regulación -con retroactividad incluida- ya ha establecido algo muy similar a una moratoria para la fotovoltaica. El Plan de Energías Renovables solo aspira a instalar hasta 2020 unos 300 MW cada año, más o menos lo que Alemania, Italia, EE UU o China instalan cada mes. A pesar de ello, como la fotovoltaica es la tecnología de generación que más empleo requiere, a finales de la década habrá 60.000 personas trabajando en el sector, entre otras aportaciones económicas, sociales y ambientales que arrojan un balance netamente positivo.
En contra de lo que opinan las eléctricas, la coyuntura económica actual, la excelente irradiación de España y la extraordinaria calidad de nuestra industria -cuarta del mundo, tras la china, la alemana y la japonesa- indican que España debe ampliar su apuesta por la energía fotovoltaica, al menos por dos vías adicionales al planteamiento actual.
La primera es el autoconsumo. Solo con una regulación favorable -que no costosa- los consumidores podríamos ahorrar muchos euros en el recibo de la luz; este ahorro directo, además, se multiplicaría indirectamente, porque la generación distribuida es más eficiente y reduce el coste total del sistema. El Consejo de Ministros previo a las elecciones ha dado un importante paso en esta dirección al aprobar una norma que aclara la vertiente técnica del autoconsumo y da tres meses de plazo para diseñar su vertiente económica.
La segunda vía de crecimiento es la exportación a nuestros vecinos continentales, cuya sed de electricidad renovable va en aumento con el encarecimiento de los hidrocarburos -la AIE vaticina el crudo a 150 dólares a corto plazo- y el rechazo nuclear de Alemania, Italia, Bélgica o Suiza. En Grecia se ha tomado buena nota de esta posibilidad y su plan de rescate contempla la progresiva instalación de 10 GW fotovoltaicos hasta 2050 para saldar deuda con electricidad solar.
Ciertamente, para esta segunda opción es necesario mejorar las interconexiones. En este sentido, la Comisión Europea quiere destinarles más de 9.000 millones de euros del presupuesto comunitario y lanzar un sistema de eurobonos que permita movilizar otros 50.000 millones para infraestructuras continentales. En el caso de España, el primero de los grandes tendidos eléctricos con Francia, ya en construcción, estará operativo en 2014.
El sector fotovoltaico español sabe mucho de exportar; tras el derrumbe del mercado interno, sobrevive gracias a la actividad en otros mercados. Solo en 2008 la importación de paneles superó a la exportación, y somos uno de los pocos países capaces de producir todos los componentes del sistema fotovoltaico. No solo tenemos abundante recurso solar, también tenemos tecnología, conocimiento y reconocimiento internacional.
Al ofrecer una imagen distorsionada de la energía fotovoltaica y reclamar una moratoria, las eléctricas defienden sus intereses, asentados en el actual modelo eléctrico, que es contaminante, oligopólico, centralizado, vertical y dependiente de las importaciones. Pero una cosa son sus intereses y otra muy distinta los intereses del país y sus ciudadanos. Esperemos que el nuevo Gobierno reflexione con serenidad y aprecie la diferencia.
Javier Anta. Presidente de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif)
